Cuando una persona consigue un préstamo, adquiere un compromiso de pago. Si por algún motivo, no es capaz de hacer frente a las cuotas, podría llegar a entrar en los ficheros de morosos. Esta es una herramienta de comprobación de solvencia que utilizan las entidades bancarias y financieras para recabar información sobre los impagos de sus clientes.
Estas listas pueden anular la posibilidad de que una persona pueda adquirir un crédito o una hipoteca, o que reciba una cantidad menor a la que ha solicitado. El bufete Recatalà Agramunt ofrece una alternativa para salir de los ficheros ejerciendo el derecho de rectificación, oposición y cancelación de datos, liberándolos de las fichas de morosidad.
Sanciones a las entidades financieras por no cumplir con la LOPD
Muchas personas se han encontrado con que aparecen en las listas de morosidad sin haber sido notificadas con anterioridad. Esta falta representa una violación directa a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). La aparición de personas naturales o empresas en los ficheros morosos debe ser justificada, no puede proceder de forma arbitraria, y vetar a los morosos ante el primer impago, ya que este procedimiento implica multas legales a las entidades financieras.
La normativa es clara cuando exige a las entidades enviar un comunicado fehaciente al deudor a través de una carta certificada, burofax o algún otro medio similar, en el cual se debe reclamar la deuda y notificar la situación de impago. De este modo, si la persona no ha recibido la notificación correspondiente a la ley puede exigir la cancelación de sus apuntes ante los ficheros de morosidad a través de un equipo de expertos que velen por sus intereses.
Profesionales para salir de los ficheros de morosos
Recatalà Agramunt es un bufete de abogados y economistas expertos en el funcionamiento legal de registros de ficheros morosos que ha desarrollado un servicio como mediador muy completo para exigir la retirada de sus clientes de las listas como ASNEF, EXPERIAN, RAI, entre otros.
Para ello, se dedican a saldar la deuda de sus representados y solicitar su salida de la lista de morosos. En caso de no recibir respuesta en el plazo legal establecido, introducen una demanda por incumplimiento en la Agencia de Protección de Datos contra la entidad financiera, que podría generarle una multa que oscila entre 60.000 € y 600.000 €.
A través de este mecanismo, los abogados del despacho consiguen cancelar de manera definitiva la deuda de sus clientes y borrarlos de las listas de morosos, brindándoles una nueva oportunidad para que soliciten un nuevo préstamo hipotecario y tengan una mejor reputación financiera.